19 ene. 2013

Las 6.000 casas para familias desahuciadas del Fondo Social de Viviendas


No hemos empezado 2013 con buenas noticias. Las informaciones relativas a corrupción política y la ininterrumpida lluvia de datos relativos a la mala situación económica (desempleo, pobreza…) protagonizan a diario portadas de grandes periódicos nacionales y de telediarios en televisión. Sin embargo, hoy sí queremos hablar de una medida muy positiva, probablemente insuficiente a corto o medio plazo, pero al fin y al cabo, como se dice popularmente, “menos es nada”.

Hablamos de las 6.000 viviendas en alquiler que se ofrecerá a familias afectadas por los desahucios vía Fondo Social de Viviendas. Obviamente, no se trata de pisos exclusivos ni casas de lujo, pero sí de un lugar donde estas personas puedan tener “una segunda oportunidad más que merecida”, ha explicado una muy “sentimental” portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa con motivo de la firma de este convenio.

Si bien se está hablando más de la afección con la que Sáenz de Santamaría ha dado a conocer este acuerdo –voz compungida y un “nos puede pasar a cualquiera”–, lo verdaderamente importante son esas 5.891 viviendas aportadas por entidades financieras de entre los inmuebles que no han cedido a Sareb (sociedad que agrupa activos tóxicos inmobiliarios de la banca, esas casas y pisos en venta que no tienen salida).

Los beneficiarios de esta “segunda oportunidad” deberán pagar entre 150 y 400 euros mensuales por vivienda, dependiendo de la renta de la unidad familiar, con un límite máximo del 30% de esta. Los alquileres tendrán una duración inicial de dos años.

Como era de esperar, la oposición no ha tardado en poner el acento a las declaraciones y afección de la portavoz del Gobierno. Forma parte del juego político al que nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes. Así, Leire Iglesias, la portavoz socialista de Vivienda, ha recalcado que “el alquiler social no es una caridad, es un derecho de los ciudadanos”. Ha abogado también por una modificación de la ley hipotecaria, con objeto de que “el derecho a la vivienda se regule como un derecho constitucional”.

Post invitado.

Imagen| lainformacion.com


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